Por la Libre
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El caso del exfiscal César Jáuregui debe resolverse con pruebas ante los tribunales, sostuvo el PAN en Chihuahua, que ratificó su respaldo a la gobernadora Maru Campos y negó que las diferencias entre sus militantes representen una ruptura en el partido.
En un posicionamiento difundido el 22 de octubre, el Comité Directivo Estatal, encabezado por Daniela Álvarez Hernández, señaló que corresponde a las autoridades fundamentar sus decisiones y garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. “Ningún partido puede sustituir a los jueces”, expresó.
El pronunciamiento se dio a conocer después de la manifestación del 20 de octubre frente a la sede del PAN en la capital, donde militantes, simpatizantes y familiares de Jáuregui exigieron su libertad. Durante esa protesta, el regidor Félix Martínez reclamó a la dirigencia que no hubiera exigido con mayor firmeza el respeto al proceso que enfrenta el exfuncionario.
Sobre las diferencias dentro de sus filas, la dirigencia sostuvo que la libertad de expresión de sus integrantes forma parte de la vida del partido. Bajo ese argumento, rechazó que los desacuerdos equivalgan a una división y convocó a la militancia a mantener la unidad.
El PAN también afirmó que respaldar las acciones de seguridad del Gobierno del Estado es compatible con exigir que se investiguen los señalamientos contra quienes ejercen o han ejercido cargos en la administración. Según su postura, cualquier responsabilidad debe acreditarse mediante pruebas.
En su respuesta a Morena, acusó a ese partido de utilizar el proceso contra Jáuregui para desacreditar a la gobernadora. La dirigencia reconoció que la ciudadanía tiene derecho a recibir explicaciones y a examinar la actuación de sus autoridades, pero planteó que esa exigencia debe alcanzar también a los gobiernos y dirigentes de Morena.
Asimismo, atribuyó a Morena una conducta de protección hacia sus integrantes mientras exige responsabilidades a sus adversarios. En ese contexto, pidió investigar cualquier indicio de vínculos entre sus gobiernos y el crimen organizado, y sostuvo que la aplicación de la ley debe seguir los mismos criterios para todos, sin depender de la militancia de quienes sean investigados.
