Miles de automovilistas que ya habían pagado su trámite quedaron atrapados en un vacío legal luego de que el Gobierno Federal cerrara el programa sin resolver expedientes pendientes
Chihuahua.- La cancelación del decreto para la regularización de vehículos extranjeros desató una nueva batalla legal. La ONAPAFA anunció que promoverá un amparo colectivo a nivel nacional para defender a miles de propietarios que, pese a cumplir con los requisitos y cubrir los pagos correspondientes, quedaron fuera del proceso por fallas del sistema gubernamental, lo que hoy mantiene a sus unidades en la incertidumbre jurídica.
La dirigencia de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar informó en Chihuahua que esta decisión se tomó luego de detectar que una gran cantidad de trámites quedó “a medias”. Humberto Meza, secretario general; Miguel Campos, coordinador estatal, y Gustavo Muciño, asesor legal, explicaron que numerosos ciudadanos pagaron su registro ante el REPUVE, pero nunca recibieron el engomado ni la constancia que acredita la legalización. En muchos casos, aunque la documentación fue entregada, los vehículos no aparecieron dados de alta en la base de datos nacional, lo que impidió completar el procedimiento.
De acuerdo con la organización, el programa operó de forma irregular y ambigua, generando pérdidas económicas directas para las familias afectadas. Sus estimaciones indican que alrededor de 8 mil unidades quedaron fuera del sistema por fallas técnicas, mientras que otras 18 mil permanecen aún en condición de “americanos”, sin posibilidad de concluir el trámite tras el cierre del decreto. Para la ONAPAFA, esta situación demuestra que el proceso fue interrumpido sin garantizar la certeza jurídica de quienes actuaron en tiempo y forma.
El asesor legal Gustavo Muciño explicó que el objetivo del amparo es obligar a la autoridad federal a reconocer los expedientes ya iniciados y pagados. “Si el ciudadano cumplió con sus obligaciones y entregó su documentación, el Estado tiene que responder y otorgar la seguridad legal sobre ese patrimonio”, sostuvo. El costo individual del recurso será de 2 mil 500 pesos por solicitante, y se promoverá de manera personal para cada propietario que se sume a la estrategia jurídica.
Por su parte, Miguel Campos advirtió que han surgido trámites falsos difundidos en redes sociales que buscan aprovecharse de la confusión. Subrayó que no existen plataformas alternas, contraseñas ni calcomanías oficiales fuera del proceso de la ONAPAFA, por lo que pidió a la población no dejarse engañar. Recordó además que el plazo para presentar el amparo es de 15 días hábiles desde la caída del decreto, lo que sitúa la fecha límite alrededor del 20 al 22 de enero.
La organización también invitó a los ciudadanos de Chihuahua y, en especial, de Ciudad Juárez a acudir a sus oficinas para integrarse a la defensa legal colectiva. En la capital del estado, la sede se ubica entre las calles Ponciano Arriaga y Catalpa, en la colonia Granjas, con el teléfono 614-271-5018. La ONAPAFA reiteró que este recurso representa la última vía para que miles de mexicanos puedan finalmente regularizar sus vehículos y proteger su patrimonio frente a un cierre del programa que consideran injusto y mal ejecutado.
