La gobernadora aseguró que la crisis de desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara responde a un problema de seguridad y gobernabilidad, e hizo un llamado al Gobierno Federal para reforzar la estrategia en la región
Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos, atribuyó el desplazamiento forzado de familias en el municipio de Guadalupe y Calvo a presuntos acuerdos entre autoridades municipales emanadas de Morena y grupos del crimen organizado. La mandataria afirmó que la problemática va más allá de las afectaciones en servicios básicos como el suministro de Diconsa, la energía eléctrica o las telecomunicaciones, al sostener que el origen del conflicto es de carácter político y de seguridad.
Durante sus declaraciones, Campos señaló que desde hace más de cuatro años existiría un supuesto acuerdo entre el gobierno municipal y la delincuencia organizada, situación que, dijo, ha impedido que el Gobierno del Estado implemente acciones de seguridad de manera efectiva en esa región de la Sierra Tarahumara. Asimismo, acusó a la alcaldesa de obstaculizar la intervención estatal mediante «manipulaciones y mentiras», lo que, aseguró, ha dificultado la atención de la crisis que enfrentan los habitantes del municipio.
La titular del Ejecutivo estatal reconoció el respaldo brindado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), particularmente de la 42 Zona Militar, aunque advirtió que las condiciones de inseguridad en la zona se han agravado. Indicó que el tema ha sido expuesto en diversas reuniones del Gabinete de Seguridad Nacional, en las que han participado la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como autoridades militares, con el propósito de solicitar una mayor intervención federal.
Campos sostuvo que, en la actualidad, el principal desafío en materia de seguridad para Chihuahua ya no se concentra en Ciudad Juárez, sino en Guadalupe y Calvo, donde, afirmó, es urgente fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para contener la violencia. Agregó que el desplazamiento de familias no obedece únicamente a las acciones del crimen organizado, sino también a la falta de una respuesta conjunta y contundente por parte de las autoridades federales para recuperar la tranquilidad en esa región del estado.
