17 mil habitantes del Valle de Juárez están en riesgo de quedar incomunicados
Ciudad Juárez.– Cansados de la incertidumbre y de enfrentar dificultades para trasladarse a sus trabajos, escuelas y realizar actividades cotidianas, entre 40 y 50 habitantes del Valle de Juárez se manifestaron en el puente internacional Guadalupe–Tornillo para exigir al Gobierno del Estado una solución definitiva a la crisis del transporte público que afecta a las comunidades de esta región fronteriza.
Los inconformes llegaron con pancartas y realizaron una toma del puente como medida de presión, luego de que el pasado 5 de octubre autoridades estatales retiraran de circulación tres unidades que prestaban servicio a distintas poblaciones del Valle de Juárez.
De acuerdo con los manifestantes, la problemática afecta potencialmente a unas 17 mil personas que dependen de una ruta considerada de carácter social, principalmente por la falta de alternativas de movilidad en las comunidades rurales.
Alejandro “Mono” González, uno de los representantes de los inconformes, explicó que el conflicto se deriva de diferencias entre las autoridades estatales y el concesionario del servicio, particularmente por las tarifas autorizadas y las condiciones para mantener la operación.
Recordó que durante aproximadamente cuatro años las comunidades padecieron la ausencia de un servicio regular de transporte, hasta que en abril pasado se alcanzaron acuerdos que permitieron reactivar las rutas. Sin embargo, la solución resultó temporal y el problema volvió a presentarse.
“No estamos pidiendo un lujo, estamos exigiendo un servicio necesario para que las familias puedan trasladarse”, es el reclamo que resume la inconformidad de los habitantes, quienes consideran que las disputas administrativas no deberían impedir la movilidad de miles de ciudadanos.
González explicó que, a diferencia de Ciudad Juárez, las comunidades rurales de la región no cuentan con alternativas de transporte mediante plataformas como Uber o DiDi, lo que obliga a numerosas familias a depender de vehículos particulares o solicitar traslados a terceros.
Indicó que algunos habitantes llegan a gastar hasta 700 pesos en gasolina para realizar trámites, acudir a consultas médicas, efectuar compras o atender compromisos fuera de sus comunidades.
Los manifestantes solicitaron la intervención de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para encontrar una solución que permita restablecer el servicio y garantizar su continuidad.
Señalaron que han mantenido acercamientos con Armando Herrerías, identificado como responsable del área de Transporte en la Zona Norte, así como con representantes del Gobierno del Estado, sin que hasta el momento se haya alcanzado un acuerdo definitivo.
Uno de los principales planteamientos consiste en que el Estado establezca mecanismos de subsidio para sostener económicamente la ruta, debido a que las características geográficas y la dispersión de las comunidades dificultan su operación bajo criterios exclusivamente comerciales.
González hizo referencia al artículo 5 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, al considerar que las autoridades tienen responsabilidad en garantizar la prestación del servicio, ya sea directamente o mediante concesionarios.
Los vecinos insistieron en que el transporte en el Valle de Juárez debe atenderse como una necesidad social, pues su interrupción repercute en la economía familiar, el acceso a servicios médicos, la educación y las oportunidades laborales.
Los inconformes señalaron que esperan avances concretos durante esta semana mediante el diálogo entre autoridades estatales y concesionarios.
De no obtener una respuesta favorable, advirtieron que convocarán a nuevas movilizaciones para incrementar la presión social y exigir una solución permanente.
La manifestación en el puente Guadalupe–Tornillo pone nuevamente sobre la mesa una problemática que, según los pobladores, se ha prolongado durante años sin una respuesta estructural.
Mientras autoridades y concesionarios mantienen diferencias sobre las condiciones de operación, miles de habitantes del Valle de Juárez enfrentan dificultades para ejercer una necesidad básica: trasladarse de sus comunidades hacia los centros de trabajo, escuelas, hospitales y servicios esenciales.
Hasta el momento del reporte no se había informado de un acuerdo definitivo para restablecer las tres unidades retiradas ni de una fecha para la normalización del servicio.
