Uso de un evento oficial para promover un movimiento político y posicionar una narrativa electoral
Chihuahua.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia formal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua en contra de la Presidenta Municipal de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego, por presuntas violaciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.
La queja fue promovida mediante un Procedimiento Ordinario Sancionador, en el que se señala a la edil por la posible utilización de recursos públicos, promoción personalizada y propaganda gubernamental con contenido político-electoral.
De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo de 2026 durante un evento organizado por el Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo con motivo del Día del Niño y Día de las Madres, celebrado en la comunidad de Llano Grande. Dónde la alcaldesa habría utilizado un acto oficial y recursos institucionales para emitir mensajes con contenido de posicionamiento político.
Dicha servidora pública utilizó su investidura para atribuir logros gubernamentales a un “movimiento”, contrastar su administración con gobiernos anteriores y solicitar implícitamente respaldo político futuro, lo que podría vulnerar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.
Asimismo, la denuncia advierte que los mensajes fueron emitidos en un evento de carácter social y familiar, frente a niñas, niños y adolescentes, lo que podría representar una utilización indebida de espacios públicos y actividades institucionales para fines político-partidistas, además de la exposición de los menores de edad.
El PRI solicitó al Instituto Estatal Electoral investigar los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes, con el propósito de garantizar el respeto a los principios de imparcialidad y legalidad que deben observar todos los servidores públicos.
La dirigencia estatal del PRI reiteró que continuará vigilando el correcto uso de los recursos públicos y la observancia de la ley electoral, al considerar que ninguna autoridad debe aprovechar su cargo para obtener ventajas políticas o electorales anticipadas.
