Advierte PRI violaciones procesales y constitucionales contra Chihuahua
El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Álex Domínguez, explicó que la controversia generada por el operativo realizado en Chihuahua, donde se destruyó un narcolaboratorio, debe analizarse desde una perspectiva estrictamente constitucional y jurídica, dejando de lado narrativas políticas impulsadas desde el gobierno federal.
Recordó que la autorización para el ingreso de agentes extranjeros corresponde exclusivamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que responsabilizar al gobierno estatal representa una distorsión de los hechos y un intento de construir una narrativa de persecución política.
Indicó que cualquier intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por citar o investigar directamente a una gobernadora en funciones sin seguir el procedimiento constitucional establecido vulnera el pacto federal y el equilibrio entre poderes.
“Defender el fuero constitucional no significa proteger personas, sino garantizar la autonomía de las instituciones y evitar que el poder central utilice la justicia como herramienta de presión política”, expresó.
Álex Domínguez recordó que el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que para proceder penalmente contra un gobernador se requiere una declaración de procedencia y la autorización del Congreso local.
Asimismo, señaló que los artículos 364 y 365 del Código Nacional de Procedimientos Penales reconocen la inmunidad procesal de titulares de poderes estatales, incluso frente a citatorios como testigos.
El legislador federal advirtió que permitir actuaciones fuera del marco constitucional sentaría un precedente peligroso para todas las entidades federativas del país, debilitando el federalismo y concentrando cada vez más poder en el gobierno central.
“Hoy es Chihuahua, mañana podría ser cualquier otro estado. No podemos permitir que las instituciones de procuración de justicia sean utilizadas con fines políticos o electorales”, afirmó.
